“Ley de Protección de las Pensiones frente al Bloqueo Imperialista”,  otro incentivo a la informalidad

“Ley de Protección de las Pensiones frente al Bloqueo Imperialista”,  otro incentivo a la informalidad

COMUNICADO

“Ley de Protección de las Pensiones frente al Bloqueo Imperialista”,

otro incentivo a la informalidad

 

La apresurada la creación de un nuevo tributo solo para las empresas del sector privado, sin estudio de viabilidad previo, ni el ajuste a las propuestas planteadas por las organizaciones gremiales, ni distinción entre empresas de prestación de servicios y de comercialización.

Se trata de otro paso forzado al precipicio de la informalidad, donde cada mes, lamentablemente más empresas caen ante la pasmosa inequidad tributaria que campea en el país. Otra carga más, que para la mayoría de los comercios y prestadores de servicios, no puede desplazarse al precio. Afirmar que este nuevo tributo lo paga el consumidor final, es hablar desde una muy estrecha y simplista visión de la realidad; y es que en esta economía contraída donde el consumo es mínimo, sin incentivos que lo promuevan, el comerciante formal buscará asumir parcial o totalmente con su rentabilidad el impacto que causa en su estructura esta nueva carga tributaria, para no perder su cuota de mercado frente a competidores informales que no asumen ni este, ni los que ya se suman a la larga lista de cargos fiscales y parafiscales, mes a mes.

En esta oportunidad, empresas prestadoras de servicios cuya nómina representa el mayor porcentaje de egresos, como instituciones educativas, empresas de vigilancia o del sector salud serán las más impactadas por esta “contribución especial” que en ningún caso puede ser menor a 11,70 dólares por cada trabajador (tomando como base el ingreso mínimo indexado definido por el Ejecutivo Nacional en alocución pública de 130 USD por el 9% que se estableció en la gaceta oficial Nº 42.880, con fecha 16 de mayo de 2024), a la cual no se le colocó un límite máximo como solicitamos los gremios. Con seguridad, la reducción de personal será una de las formas de asumir este golpe a sus estructuras económicas y el desempleo no es precisamente la tasa que buscamos incrementar ninguno de los sectores de la economía venezolana.

Desde la Unión de Comerciantes del Estado Zulia, no se discute la necesidad de condiciones dignas para los trabajadores jubilados de manera inmediata, se promueve el estudio de mecanismos para lograrlo, pasando por un filtro de justicia, de equidad hacia todos los sectores involucrados, en especial al sector privado, esta vez, por ser el único llamado a soportar la carga que implican las jubilaciones de todo el país.

Este filtro por el que hacemos un llamado a la revisión no solo de esta “Ley de Protección de las Pensiones frente al Bloqueo Imperialista”, sino a toda la legislación tributaria, no es más que un contrapeso por cada orden de pago, es esencial en honor a la justicia presentar alivios fiscales por cada tributo adicional (además intempestivo), incentivos para la inversión, por cada peso que se agrega a la presión fiscal en Venezuela, de lo contrario, seguimos marchando hacia la informalidad o a la reducción sistemática de toda la economía.

Insistimos en que la armonización tributaria es una necesidad para que las empresas recuperen su rentabilidad, queremos trabajar para generar ingresos para los empresarios y sus colaboradores, para invertir y crecer; pero estamos lejos de lograrlo si no se revisan las cargas tributarias nacionales y municipales que se llevan a sus arcas más de la mitad de lo que ingresa, producto de nuestro trabajo.

Desde la UCEZ reiteramos nuestra disposición a continuar formulando propuestas para lograr la economía que nos merecemos, hemos expresado que la solución para bajarle a la voracidad fiscal sin limitar la capacidad de cumplimiento de las labores públicas y de desarrollo, haría falta en primer lugar, la optimización de los recursos, el recorte del gasto burocrático, la coherencia entre la actividad desplegada y el contexto socio-económico en el que vivimos, la justa distribución de cargas sobre servicios públicos entre todos los ciudadanos, el ajuste de los tributos atendiendo a la capacidad de pago, progresividad y libre ejercicio de la actividad económica como únicas fuentes originarias de cada tributo, y por supuesto, todo dentro del más profundo respeto a la legalidad, tanto del actuar de la administración pública, como de todos los venez

olanos.